Victoria Tauli-Corpuz
Victoria Tauli-Corpuz
Victoria Tauli-Corpuz
Victoria Tauli-Corpuz
Victoria Tauli-Corpuz is the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, a position she has held since 2014. An indigenous leader hailing from the Kankanaey Igorot community in the Philippines’ Cordillera region, she has been fighting for the rights of Indigenous Peoples and rural women since the 1970s, when she helped build an indigenous movement that successfully stopped major dam and logging projects in the Cordillera region.
Since then, Tauli-Corpuz has founded and managed several civil society organizations dedicated to the advancement of indigenous and women’s rights, including the Tebtebba Foundation, of which she serves as founder and executive director. In addition to her duties as UN Special Rapporteur, Tauli-Corpuz also serves as an expert for the UN High Commissioner for Human Rights, an adviser for the Third World Network, and a member of the United Nations Development Programme Civil Society Organizations Advisory Committee.
In March 2018, Tauli-Corpuz was placed on a list of “terrorists” by the Philippine government, alongside hundreds of other indigenous and human rights defenders, as retaliation for speaking up against the Duterte administration’s human rights violations. She remains in exile from her native Philippines, and continues to fight for Indigenous Peoples, local communities, and women around the world.
Victoria Tauli-Corpuz is the UN Special Rapporteur on the Rights of Indigenous Peoples, a position she has held since 2014. An indigenous leader hailing from the Kankanaey Igorot community in the Philippines’ Cordillera region, she has been fighting for the rights of Indigenous Peoples and rural women since the 1970s, when she helped build an indigenous movement that successfully stopped major dam and logging projects in the Cordillera region.
Since then, Tauli-Corpuz has founded and managed several civil society organizations dedicated to the advancement of indigenous and women’s rights, including the Tebtebba Foundation, of which she serves as founder and executive director. In addition to her duties as UN Special Rapporteur, Tauli-Corpuz also serves as an expert for the UN High Commissioner for Human Rights, an adviser for the Third World Network, and a member of the United Nations Development Programme Civil Society Organizations Advisory Committee.
In March 2018, Tauli-Corpuz was placed on a list of “terrorists” by the Philippine government, alongside hundreds of other indigenous and human rights defenders, as retaliation for speaking up against the Duterte administration’s human rights violations. She remains in exile from her native Philippines, and continues to fight for Indigenous Peoples, local communities, and women around the world.
The Problem of Overlap: The Panamanian government stalls on indigenous land titling on protected areas
by Christine Halvorson
Rainforest Foundation US
The Problem of Overlap: The Panamanian government stalls on indigenous land titling on protected areas
by Christine Halvorson
Rainforest Foundation US
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by Christine Halvorson
Rainforest Foundation US
The Problem of Overlap: The Panamanian government stalls on indigenous land titling on protected areas
by Christine Halvorson
Rainforest Foundation US
The Problem of Overlap: The Panamanian government stalls on indigenous land titling on protected areas
by Christine Halvorson
Rainforest Foundation US
Organization: Centro de Derechos Humanos de la Montaña
Community: Tlapa de Comonfort
Spokesperson Name: Abel Barrera
Organization: ONG Derechos Humanos y Medio Ambiente
Spokesperson Name: : Jose Bayardo Chata Pacoricona (10:50-18:16)
Informe de la Relatora Especial sobre los derechos de los pueblos indígenas
Agresiones y criminalización a que se ven sometidos los pueblos indígenas que defienden sus derechos
Consejo de Derechos Humanos
39º período de sesiones
10 a 28 de septiembre de 2018
Tema 3 de la agenda
Promoción y protección de todos los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, incluido el derecho al desarrollo
Conclusiones y Recomendaciones
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Los Estados deben adoptar medidas para proteger a los pueblos indígenas. Desde este punto de vista, es imperativo que los responsables sean llevados ante la justicia: todos los actos de violencia contra defensores indígenas deben ser pronta e imparcialmente investigados. Los Estados deben optar por un enfoque de tolerancia cero ante los asesinatos y violencias en contra de defensores indígenas de derechos humanos.
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Los Estados deben apoyar abierta y públicamente los derechos de los pueblos indígenas, en especial su derecho de autodeterminación sobre sus tierras, territorios y recursos. Los Estados deben consultar de buena fe con los pueblos indígenas y obtener su consentimiento libre, previo e informado ante todo proyecto que pueda tener un impacto sobre sus tierras.
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Los Estados deben asegurarse que la legislación vigente imponga obligaciones de diligencia debida a las empresas cuando existe un riesgo de violación de derechos humanos, y revocar toda legislación que criminalice el modo de vida indígena.
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Es clave propiciar entornos seguros donde los pueblos indígenas puedan defender sus derechos. Los agentes de la fuerza pública deben recibir formaciones acerca de las normas de derechos humanos y evitar toda criminalización de los pueblos indígenas que defienden pacíficamente sur derechos. Ciertos países han adoptado legislaciones y políticas que proveen protección para los defensores de derechos humanos, entre los cuales Colombia, Méjico, Brasil, Guatemala y Honduras.
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La criminalización crea circunspección por parte de otros gobiernos, organizaciones internacionales e instituciones multilaterales, que en general prefieren evitar toda interferencia en los procesos jurídicos domésticos. No obstante, al apoyar empresas o gobiernos que utilizan estas prácticas, los actores internacionales como bancos multilaterales de desarrollo, instituciones financieras de desarrollo o fondos de lucha contra el cambio climático, corren el riesgo de contribuir a dicha criminalización o incluso de exacerbarla.
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El 3 de julio de 2018, el Parlamento Europeo adoptó una resolución sobre violaciones de derechos de los pueblos indígenas que denuncia la persistencia de dicha criminalización. La Relatora Especial celebra el firme pronunciamiento público de la Unión Europea, que puede jugar un papel importante en la prevención de futuras violaciones de derechos.
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Las empresas privadas deben someter todas sus actividades a la diligencia debida en cuanto a derechos humanos y adoptar compromisos políticos claros con ese fin.
Mensajes clave
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La Relatora Especial ha observado un aumento drástico de la violencia, los asesinatos, la criminalización y la judicialización indebida, así como de las amenazas contra los pueblos indígenas que defienden sus derechos. Durante la preparación de este informe, la Relatora Especial recibió información de cientos de casos de ataques y criminalización que se desarrollaron en el mundo entero.
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La organización Front Line Defenders registró 312 asesinatos de defensores de derechos humanos en 2017; El 67% fueron asesinados por defender sus tierras, casi siempre en relación a proyectos del sector privado, y cerca del 80% sucedieron en Brasil, Colombia, Méjico y Filipinas. Global Witness reportó 207 asesinatos de defensores territoriales y medioambientales durante el año 2017.
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Estos asesinatos se producen generalmente en un contexto de violencia y amenazas contra comunidades indígenas enteras, que conlleva desapariciones y desalojos, detenciones arbitrarias y campañas de desprestigio.
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La Relatora Especial registró un alza significativa de la frecuencia de los ataques en Brasil, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras, India, Kenia, Méjico, Perú y Filipinas.
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La rápida expansión de proyectos de desarrollo sobre territorios indígenas está impulsando una crisis a nivel mundial: las acciones de oposición generan a menudo respuestas violentas y ataques judiciales, que buscan silenciar toda oposición contra los intereses empresariales.
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En ciertos países, una militarización intensificada, junto con la adopción de normas de seguridad y leyes antiterroristas a nivel nacional, han puesto a los pueblos indígenas en la mira de las fuerzas armadas y policiales –en algunos casos, de manera literal.
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El modo de vida mismo de los pueblos indígenas ha sido en ocasiones declarado ilegal frente a intereses de conservación, lo cual conduce a detenciones, desalojos forzados y otras violaciones de derechos humanos (ver www.CorneredByPas.com)
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Una importante causa subyacente de la intensificación de los ataques es la carencia de garantías para los derechos territoriales de los pueblos indígenas, que los convierte en intrusos en sus propios hogares y los somete a desalojos de las tierras que forman la base de su subsistencia, de su cohesión social y de sus tradiciones espirituales.
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El racismo y la discriminación estructurales, que hacen percibir a los pueblos indígenas como “obstáculos al desarrollo”, también contribuyen a la violencia. Los Estados y empresas hacen a menudo caso omiso de las importantes contribuciones de los pueblos indígenas a la atenuación del cambio climático y al desarrollo sostenible.
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Los sistemas de justicia son en general desfavorables a los pueblos indígenas. La impunidad generalizada de los actos violentos perpetrados contra los pueblos indígenas agrava y perpetúa su vulnerabilidad y marginalización. Al contrario, estos sistemas han servido para penalizar y silenciar a los pueblos indígenas en la defensa sus derechos.
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Los pueblos indígenas no están frontalmente opuestos al desarrollo, pero sí rechazan los proyectos que les son impuestos sin su consentimiento libre, previo e informado. Dichos proyectos, muy lejos de ofrecer un desarrollo económico compartido, a menudo marginalizan aún más a los pueblos indígenas, hundiéndolos en la pobreza y destruyendo los recursos de los cuales dependen y que administran de modo sostenible.