La organización Front Line Defenders ha documentado 821 casos de Defensores de Derechos Humanos (DDH) asesinados en los últimos cuatro años, desde que empezó a establecer un listado general a nivel mundial en cooperación con ONG nacionales e internacionales. El 79% de este total se produjo en seis países: Brasil, Colombia, Guatemala, Honduras, México y Filipinas. La gran mayoría de estos casos no ha sido debidamente investigada, y sólo unos pocos responsables de estos crímenes han sido llevados ante la justicia. En estos países, el poder político y económico está controlado y manipulado por élites profundamente arraigadas, que tienen vínculos estrechos con las fuerzas armadas y los servicios de seguridad, que bloquean las iniciativas de reforma para proteger sus propios intereses, y que a menudo tienen una responsabilidad en los ataques dirigidos a DDH cuya labor expone la corrupción de dichas élites o se opone a sus actividades.  

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Según la organización Carnegie Endowment for Democracy, “ya no es posible concebir la corrupción únicamente como la suma de acciones perversas de unos cuantos individuos, ya sean personas dispuestas a pagar pequeños sobornos, funcionarios públicos o altos ejecutivos del sector privado. La corrupción es un sistema operativo de redes sofisticadas tendidas entre los sectores público y privado y organizaciones o entes criminales –incluyendo asesinos– cuyo objetivo principal es maximizar las ganancias de los miembros de su red. La corrupción está incorporada en el funcionamiento institucional de estos países”. La combinación letal de violencias arraigada, indiferencia de parte del Estado ante los ataques contra DDH y fallas en la investigación de las demandas, genera una situación de impunidad para los asesinos de DDH. El análisis de la labor que llevaban a cabo aquellos que han sido asesinados es esclarecedor: de las personas que perdieron la vida en 2017, 67% estaban involucrados en la defensa de derechos territoriales, ambientales e indígenas, y casi siempre en un contexto de megaproyectos ligados a industrias extractivas y a grandes empresas. 

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También es importante indicar que las víctimas son principalmente los militantes de extracción más pobre o más marginalizados. El nivel de discriminación y racismo al cual están expuestas las poblaciones indígenas y otras comunidades marginalizadas es un componente central del contexto. El menosprecio y el odio que tienen las élites corruptas hacia los que consideran como sus inferiores es un factor determinante en el uso de una violencia extrema contra las personas que se les oponen.

 

BRASIL

Los pueblos indígenas y las comunidades tradicionales sufren una marginalización constante en la sociedad brasilera.

 

Sus territorios son usurpados por acaparadores de tierras, agricultores y hasta por el mismo Estado. Aunque varias leyes de protección de los derechos indígenas han entrado en vigor desde el lanzamiento de la Constitución de 1988, no deja de ser un hecho que, 25 años después, aún queda mucho por hacer para implementar esos derechos en la práctica, en especial con respecto al acceso y a la devolución de tierras. Incluso los pequeños avances conseguidos hasta ahora están bajo amenaza por propuestas gubernamentales que pretenden reducir la cantidad de tierras de los pueblos indígenas y menoscabar el trabajo realizado por el FUNAI[1] y el INCRA[2] (dos organismos encargados de proteger los derechos indígenas) para delimitar y titularizar los territorios indígenas.

 

La violencia contra los pueblos indígenas en el estado de Maranhão, donde vive la comunidad Gamela, es típica de la crisis que se da en todo el país. En la actualidad, unas 376 comunidades sufren violencias y conflictos rurales en el Estado de Maranhão. Sólo en 2016, se reportaron 196 hechos de violencia en contra de comunidades rurales. Maranhão fue en 2016 el Estado con mayor número de indígenas asesinados. En Bahía, la comunidad indígena Tupinambá es víctima de todo tipo de daños y violencias físicas y culturales. Las amenazas de muerte son constantes y los líderes comunitarios son perseguidos, atacados y encarcelados. El hecho que el Estado no reconozca la gravedad ni resuelva la cuestión de los ataques contra pueblos y líderes Quilombolas (afrodescendientes) e indígenas, indica que estas poblaciones corren verdaderamente el riesgo de verse aún más marginalizadas, y expuestas a ser despojadas de sus tierras para facilitar la explotación de los recursos naturales que contienen. Nunca antes en la historia reciente del país han estado los pueblos indígenas de Brasil más expuestos que ahora.

 

COLOMBIA

En Colombia, la mayoría de DDH asesinados trabajaban en la defensa de los derechos territoriales o en la protección de los territorios indígenas.

 

Los que están más en riesgo son los individuos pertenecientes a minorías étnicas, comunidades campesinas, pueblos indígenas, comunidades afrodescendientes y los miembros de las juntas de acción comunal en áreas rurales. Los asesinatos son cometidos en zonas donde hay poca presencia estatal y donde las poblaciones no pueden ejercer plenamente sus derechos. En términos de respuesta oficial, los funcionarios públicos tienen que tener en cuenta el impacto de un asesinato, no sólo en la familia cercana de un DDH, sino también en su comunidad entera. A causa de estos crímenes y del ambiente general de violencia, las comunidades se ven desplazadas, las familias separadas y desprovistas de sus medios de supervivencia.

 

Los departamentos en donde se documentó el mayor número de asesinados de DDH son el Cauca, Antioquia, el Valle del Cauca, Nariño, Córdoba, Bogotá, el Putumayo, el Norte de Santander, Risaralda, Bolívar, Chocó, el Meta, el Huila y Arauca. El noventa por ciento de estos territorios ha sido escenario histórico del conflicto armado. A pesar del proceso de paz, abusos como el asesinato de miembros de comunidades afrocolombianas e indígenas, desplazamientos forzados en masa, confinamiento de comunidades en ciertas zonas, reclutamiento forzado de menores por grupos paramilitares, violencia sexual y uso de minas antipersonales, son problemas persistentes en estas zonas. 

 

GUATEMALA

La élite dirigente de Guatemala utiliza su arraigado poder político y económico para explotar los recursos naturales del país en beneficio propio y bloquear cualquier intento de reforma.

 

Las comunidades campesinas e indígenas que defienden su derecho sobre las tierras o militan por la protección del medioambiente contra la destrucción causada por grandes proyectos mineros son víctima de campañas de desprestigio y de ataques directos. Los pueblos indígenas que insisten en reclamar el derecho a dar o negar su consentimiento libre, previo e informado son los que están más expuestos. Esto ha generado actos de agresión y violencia en todo el país, y DDH han sido asesinados. En enero 2017, Sebastián Alonzo, de 72 años de edad, murió cuando sicarios no identificados le dispararon en medio de una manifestación pacífica en contra de un gran proyecto hidroeléctrico.

 

También ha habido numerosos casos de criminalización de DDH, como el caso del profesor Abelino Chub Caal. El 6 de junio de 2017, el juez de la Corte Penal de Primera Instancia de Puerto Barrios condenó a Abelino a permanecer detenido a pesar de que la defensa y la acusación estaban de acuerdo en que no había pruebas que demostraran los cargos retenidos en su contra de acaparamiento agravado de tierras e incendio criminal. Abelino trabaja con 29 comunidades en la Sierra Santa Cruz, Izabal, cuyos derechos territoriales, ambientales y culturales han sido vulnerados en nombre de intereses mineros. 

 

HONDURAS

Desde el golpe de Estado de 2009 en Honduras, los responsables de violencias contra defensores de derechos ambientales, territoriales e indígenas a menudo resultan ser grandes latifundistas o empresas madereras.

 

Más allá de la violencia ligada a la represión de la protesta por sospechas de fraude electoral, Honduras sigue siendo, en general, uno de los países más peligrosos de América para los DDH, en especial para los que trabajan en la protección de derechos territoriales o del medioambiente. Los DDH involucrados en estas actividades son acusados de estar en contra del desarrollo y de obstaculizar la explotación de los recursos económicos del país. Son el blanco de campañas difamatorias, organizadas por actores estatales y no estatales para desacreditar su trabajo. Son frecuentemente intimidados, amenazados o atacados. En junio 2017, miembros del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (COPINH) fueron víctimas de un ataque armado cuando regresaban de una reunión. El COPINH es una organización de indígenas Lenca, que representa a 200 comunidades Lenca en los Estados de Intibucá, Lempira, La Paz y Santa Bárbara, al occidente hondureño. Defiende a las comunidades y sus recursos naturales contra proyectos madereros, hidroeléctricos y mineros, así como otros mega-proyectos que destruirían su modo de vida y su entorno natural. Los miembros y apoyos del COPINH han sido objeto de ataques, amenazas e intimidaciones, que se han intensificado tras el asesinato de Berta Cáceres el 3 de marzo de 2016. 

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El caso de Berta Cáceres es representativo de varios problemas a los cuales se enfrentan los DDH en Honduras. Berta Cáceres, Coordinadora general del COPINH, fue asesinada en marzo 2016 por hombres armados que penetraron en su casa de La Esperanza, en el departamento de Intibucá. Reconocida a nivel internacional, Berta Cáceres era líder de una campaña contra los impactos medioambientales y sanitarios de la construcción de la represa de Agua Zarca sobre el río Gualcarque. Berta había denunciado ante las autoridades 33 amenazas de muerte, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos instó al gobierno hondureño a que interviniera para protegerla. La policía no investigó ninguna de las amenazas en su contra previas a su asesinato. En mayo 2017, las autoridades detuvieron a cinco individuos acusados de haber estado involucrados en el crimen, incluyendo a un oficial mayor de las fuerzas armadas y al responsable de asuntos sociales y ambientales de la empresa contratada para la construcción de la represa de Agua Zarca. El procurador afirmó que el asesinato formaba parte de una conspiración impulsada por la empresa. 

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En septiembre 2017, un sexto individuo fue detenido y en marzo 2018, las autoridades hondureñas detuvieron a Robert David Castillo, Director Ejecutivo de Desarrollos Energéticos Ltd. (DESA), como autor intelectual del asesinato de Berta. No obstante, la investigación ha estado marcada por numerosas irregularidades. Según los medios locales, el expediente del caso, que contenía varias pruebas en contra de diversos sospechosos, fue robado del vehículo del juez el 29 de septiembre de 2017. Aunque la Corte Suprema de Justicia anunció tener en su posesión copias del expediente, la forma en que el gobierno manejó el incidente ha sido severamente criticada. El Grupo Consultativo Internacional concluyó, en su informe sobre el asesinato de Berta, que altos empresarios y funcionarios hondureños habían coordinado el crimen, subrayando la magnitud de la complicidad criminal entre el Estado y la empresa privada. 

 

MÉXICO

En México se han registrado serias violaciones de derechos humanos contra pueblos indígenas y comunidades, principalmente en tres áreas: violencias en contexto de megaproyectos sobre territorios ancestrales, autorizados sin pasar por el debido proceso de consulta y consentimiento previo, libre e informado; en contexto de solicitudes de titularización de tierras; y por falta de debido proceso en casos de violencia criminal contra DDH. 

 

Comunidades indígenas han denunciado en repetidas ocasiones el otorgamiento de concesiones de Estado a empresas privadas en violación de su derecho a ser previamente consultadas. Con motivo de su lucha por la tierra, ha habido numerosos intentos de criminalización del trabajo de los defensores de derechos indígenas, que son señalados como obstáculos al desarrollo económico del país. En 2016 y 2017, 37% de los DDH asesinados eran militantes indígenas. 

 

FILIPINAS

El 1ero de febrero de 2018, durante una Cumbre de Pueblos Indígenas en Davao City, Filipinas, el presidente Duterte declaró que los Lumads (comunidad indígena filipina) debían abandonar sus territorios ancestrales para que él pudiese subastárselos a inversionistas, principalmente de la industria minera y de palma aceitera. 

 

“Empezaremos ahora, y el día de mañana les daré algo. Prepárense para su reubicación”, así fueron los términos de su críptica advertencia. Los líderes Lumads temen que el hostigamiento del que han sido objeto las comunidades sea el resultado directo de este plan. En las dos últimas décadas, casi 500 mil hectáreas de la zona del Mindanao han sido invadidas por grandes proyectos mineros, agroindustriales y energéticos. Ahora le están apuntando a las tierras ancestrales de los pueblos indígenas que, ricas en recursos naturales, ofrecen perspectivas de amplias ganancias a los contratistas.

 

En diciembre de 2017 se produjo un incidente en el cual ocho Lumads hallaron la muerte, y que fue inicialmente presentado como una confrontación armada con el ejército pero que una investigación independiente, llevada a cabo por la iglesia filipina junto con grupos de defensa de derechos humanos, luego reveló ser una masacre. El blanco principal del ataque era Victor Danyan, asesinado en calidad de vocero de la demanda interpuesta por su comunidad relativa a una parcela en disputa. Resultó que Victor fue deliberadamente señalado para silenciar el disentimiento en la zona. Victor era presidente de Tamasco, un grupo tribal formado en 2006 con el fin de reclamar 1700 hectáreas de tierras ancestrales productoras de café. La organización también protestaba contra operativos de minería de carbón que se desarrollan dentro del territorio ancestral.

 

Las alegaciones del ejército, que dice haber sido atacado a mano armada, han sido desacreditadas por las pruebas que ha recogido el Dr. Benito Molino, un experto forense que indicó que “se recobraron al menos 300 cartuchos, entre vacíos y llenos, de rifles M14 y M16 en los diferentes lugares donde los soldados aparentemente abrieron el fuego”. Y concluyó que “no hubo enfrentamiento, todo el fuego provenía del ejército”. 

 

Lo que está sucediendo ahora en el mundo no es nada menos que un ataque sistemático contra las comunidades campesinas e indígenas. Las élites corruptas, en su insaciable sed de madera, aceite y oro, desprovistas de ambiciones distintas a su propio enriquecimiento, amenazan no sólo con destruir las vidas y culturas indígenas, sino también el medio ambiente, del cual dependen la supervivencia y el futuro de todos y todas.

 

[1] Fundação Nacional do Índio

[2] Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária